La obligatoriedad del narcotest en Salta no se limita a los estamentos provinciales, sino que alcanza también a intendentes y concejales de toda la provincia. Según establece la ley, los exámenes serán periódicos y aleatorios, garantizando estrictamente el resguardo de la confidencialidad del proceso y otorgando al funcionario el derecho a una contraprueba en caso de ser necesario.
A través del Decreto Nº 262 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó la Ley Provincial Nº 8533 que exige exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios públicos de Salta. La medida, impulsada inicialmente por el gobernador Gustavo Sáenz como DNU, obtuvo fuerza de ley tras su paso por el Senado y su posterior vigencia automática al no ser tratada por la Cámara de Diputados en los plazos constitucionales.
La normativa establece un esquema de controles periódicos y sorpresivos que alcanzan a las máximas autoridades, incluyendo al Gobernador, ministros, legisladores, magistrados judiciales e incluso a intendentes y concejales de toda la provincia. El proceso garantiza el derecho a contraprueba y el estricto resguardo de la confidencialidad, buscando elevar los estándares de transparencia y aptitud en el ejercicio de la función pública.
